Una vez más castigan la nómina de las personas servidoras públicas del Congreso del Estado, la Fiscalía, Poder Judicial, la Auditoría Superior del Estado de Nuevo León , la Comisión Estatal de Derechos Humanos y del Instituto Estatal de Transparencia, Acceso a la información y Protección de Datos Personales, pues de nueva cuenta el recurso no es suficiente para cubrir los gastos de nómina y operación.
Así lo señalaron organismos y Poderes a través de un comunicado, en el que destacan que a pesar de que el Gobierno del Estado emitió un comunicado para informar que está garantizado el pago quincenal de los salarios a las personas servidoras públicas del gobierno central, de los poderes, de organismos autónomos y paraestatales, lo cierto es que la Tesorería no dispersó el recurso completo, pues sólo se transfirió el 70 por ciento, por lo que, tal y como se anunció, no se puede cubrir los gastos de nómina y operación afectando a más de 6 mil personas y sus familias.
“Una vez más exhortamos al Ejecutivo para que gire instrucciones con carácter de urgente y no permita la afectación de las familias de las y los trabajadores del servicio público. Es importante que exista certeza financiera y no existe razón para que el Gobernador justifique la retención de los recursos”.
Cabe señalar que desde noviembre del 2023, esta situación ha sido repetitiva y no se ha dado cumplimiento con los pagos calendarizados, pues sólo se cumple con el 60 o el 70 por ciento del presupuesto correspondiente, aún y que se ha hecho un esfuerzo para pagar la nómina, no se pueden cubrir los gastos operativos, por lo que continúa latente la posibilidad de dejar brindar los servicios públicos que las y los ciudadanos se merecen.
“Es importante resaltar que estas son las consecuencias de la omisión por no presentar el paquete fiscal completo de 2024 y estamos trabando con el presupuesto del año pasado, es decir, Nuevo León no tiene presupuesto formalmente aprobado, por lo tanto no tenemos ley de egresos y el Gobernador decidió aplicar el concepto de la “tácita reconducción presupuestal””, concluye el escrito.
